El presidente Gonzalo Sanchez de Lozada seguía ayer acosado por manifestaciones en reclamo de su renuncia y La Paz, sede del gobierno de Bolivia, estaba amenazada por el desabastecimiento de combustible y alimentos tras más de tres semanas de protestas sociales.
Las organizaciones cívicas, vecinales y sindicales que también se oponen a un proyecto de exportación de gas natural a mercados de ultramar, manifestaban por tercer día consecutivo en la empobrecida ciudad de El Alto, a 12 km de La Paz.
Con las principales rutas de acceso cortadas, la sede del gobierno comenzaba a sentir los síntomas del desabastecimiento de combustible traducidos en largas filas de automóviles en los centros de expendio de gasolina y diesel, algunos de los cuales permanecían cerrados.
La falta del combustible obedece a que las violentas manifestaciones cívicas y vecinales en El Alto han impedido el tránsito de los camiones de reparto.
Camiones de distribución de balones de gas licuado de uso doméstico permanecían también varados en Senkata, (en El Alto), mientras las amas de casa reclamaban a las autoridades locales por la normalización del suministro.
Desde la localidad de Lauca Ñ, el vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico, Luis Cutipa, anunció que los cocaleros bloquearán Chapare a partir del próximo lunes. Además de una serie de movilizaciones en rechazo a la exportación del gas natural.
La decisión fue unánime entre los cocaleros, que ayer escucharon a su máximo dirigente, Evo Morales. “Goni vive en Marte y Sánchez Berzaín es un sarnoso, o sea mostrenco”, dijo Morales.
El sindicato cocalero instruyó a sus bases, unas 30.000 familias de indios quechuas y aimaras pobres, "salir con las armas que tengan", hondas y machetes inclusive, para "prevenir masacres", según un dirigente de mando medio Félix Santos.
"Queremos advertir al gobierno que nosotros no permitiremos que se nos masacre como está ocurriendo en el altiplano con los campesinos y los hermanos mineros. Si hay represión vamos a responder en forma organizada", reafirmó el líder cocalero, Evo Morales.
Los enfrentamientos, menos violentos que los del jueves que dejaron dos muertos y más de veinte heridos, persistían y evitaban que vehículos de carga y pasajeros fluyan normalmente hacia La Paz.
Como consecuencia de esporádicos cortes de las rutas del altiplano y un cierre total de la vía a unos valles subtropicales de los Yungas, los mercados públicos de abasto comenzaban a dar muestras de escasez de comestibles.
Otra vez, el centro de la ciudad fue colapsado, como ocurre a diario durante las últimas tres semanas de conflicto, por una protesta de universitarios de la estatal universidad de El Alto que con profusión de petardos reclamó por su autonomía de gestión.
Diversos sindicatos e instituciones civiles efectúan además protestas callejeras para llamar la atención del gobierno a su pedido de que modifique la Ley de Hidrocarburos, afirmando que favorece a las empresas petroleras.
De exportarse gas a Estados Unidos y México, en las actuales circunstancias, Bolivia sólo percibiría el 18% de los ingresos por ese proyecto, dicen los detractores de la iniciativa.
Una mayoría de bolivianos se opone también a que el gobierno elija un puerto chileno para la instalación de una planta de Gas Natural Licuado, porque Bolivia fue despojada de su acceso al Pacífico en una guerra contra Chile en 1879.

Detienen a 7 policías por amotinarse

El Ministerio de Gobierno procedió a la detención de siete policías que fueron puestos a disposición del Ministerio de Público, acusados supuestamente de cometer acciones instigadas por el ex mayor de Policía, David Vargas.
Un comunicado del Ministerio de Gobierno emitido a la opinión pública, justifica esta acción señalando que en un proceso de investigación de inteligencia se habría detectado la existencia de acciones ilegales en las que están involucrados miembros de la Policía Nacional.
El comunicado señala que estas acciones pretendían inducir a las fuerzas policiales para que no acaten las órdenes de sus superiores y se replieguen a sus cuarteles privando a la ciudadanía de seguridad en estos difíciles momentos que atraviesa el país.
Señala también que esta acción fue oportuna y ante la flagrancia de los delitos se procedió a la detención del teniente coronel Ciro Farfán Mansilla, mayor Felipe Almaráz, el subteniente Roberto Carlos España Cuéllar, el suboficial segundo René Aduviri Rojas, policía Juanito Camargo Ramos y el suboficial Pedro Viscarra Quintanilla. Todos están en la PTJ.